Sacha, joya de la contratación “a dedo” (Artículo Revista Gestión)

Posted on May 1, 2010

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POR MARÍA DE LA PAZ VELA

La política energética del actual Gobierno está en deuda con los ecuatorianos. Se suponía que la revolución ciudadana cambiaría el heredado marasmo en que cayeron los anteriores Gobiernos; sin embargo, no ha firmado un solo contrato nuevo de exploración petrolera que permita ampliar las reservas, igual a lo que ocurrió durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, a pesar de que solo quedan 20 años para dejar de ser país petrolero.

Ningún Gobierno anterior se libró de la corruptela en el sector petrolero y de las ansias de las empresas petroleras extranjeras de lograr con el de turno el negocio más fácil y rentable: explotar los campos probados para absorber su rentabilidad sin tener que asumir el riesgo de exploración. Pero ninguno, hasta el actual, se había atrevido a entregar la explotación de campos probados, ni la operación de ninguno de los cinco campos más grandes y productivos del país.

Con el discurso de la soberanía se han urdido planteamientos que se exhiben como la “base legal” que permitió la entrega a Pdvsa, una empresa extranjera, la explotación del campo más representativo del país por su madurez y sus reservas probadas. Sacha, la “joya de la corona” petrolera de los ecuatorianos, está siendo explotado desde noviembre de 2009 por la empresa de economía mixta Operadora Río Napo. Las evidentes ventajas para la empresa venezolana, con las que se hizo el contrato original firmado el 3 de septiembre de 2009, han llevado a su corrección en un contrato modificado, tras las denuncias de desequilibrio económico para el Ecuador contenidas en el contrato. Hasta un ex ministro de Energía de la revolución ciudadana está en contra de la entrega.

La legalidad cuestionada

La Ley de Hidrocarburos vigente permite a Petroecuador explotar directamente los campos de petróleo y a su filial, Petroproducción, contratar mediante licitación con empresas estatales y/o privadas la exploración y la explotación de petróleo/gas. Es decir, no solamente la explotación —como se hace en el caso del campo Sacha (Recuadro 1), puesto que ésta es la actividad que genera rentabilidad tras haber asumido los costos de la inversión de riesgo.

En el caso de un campo maduro, la inversión de riesgo la asumió en su momento el Estado ecuatoriano. Petroproducción lo estaba explotando, haciendo las inversiones, menores ya, y sobre seguro, para extraer las reservas probadas, con una buena rentabilidad a favor del Ecuador.

Es que, además, de Sacha se extrae el crudo de mejor calidad que produce el país, 28º API y el más productivo.

De pronto, llevados por los vientos de la cooperación energética con Venezuela que debería darse, donde Petroecuador no tenga el capital o la tecnología para por sí misma llevar adelante un proyecto se resuelve entregar el campo a la estatal venezolana Pdvsa.

Para ello, sin que estuviera previsto en el ámbito legal, se firmó un Contrato de servicios específicos para la administración, incremento de producción, desarrollo, optimización, mejoramiento integral y explotación del campo Sacha, entre Petroproducción y la empresa de economía mixta Operadora Río Napo. Este tipo de contrato —solo para explotación y con esa modalidad no existe en la Ley de Hidrocarburos vigente. En ella existen solamente cinco tipos de contrato: 1. asociación; 2. prestación de servicios; 3. participación; 4. constitución de economía mixta; y 5. delegación para explorar y explotar campos marginales. Como en derecho público, solo se puede hacer lo que está permitido expresamente, los que estén fuera de lo escrito en la ley son ilegales. Sin embargo, en los antecedentes del contrato con la Operadora Río Napo, se pusieron 21 puntos señalando una infinidad de acuerdos de cooperación energética con Venezuela, resoluciones del directorio de Petroecuador y de su comisión de administración, oficios que van y vienen de la Procuraduría General del Estado y del Ministerio de Minas y Petróleos, decretos ejecutivos, memorandos y comisiones que buscan dar al contrato un piso legal que la Ley de Hidrocarburos no le otorga.

Una condición de la Ley de Hidrocarburos es que la asignación de un contrato se haga con licitación, pero en este caso no se lo hizo y el Gobierno ecuatoriano escogió a la empresa venezolana, al parecer no por otra razón que por afinidad ideológica, pues Pdvsa no es una desarrolladora de tecnología de punta y no se ve por ningún lado el beneficio económico que el país pueda obtener de tan generosa concesión.

Recuadro 1

Sacha, la joya de la corona

El campo Sacha, con una extensión de 351,67 km2, está ubicado en la provincia de Orellana en la Región Amazónica (ver mapa). Es un campo maduro que ha sido explotado por Petroproducción (antes CEPE) desde 1972, luego de que toda la inversión de exploración fue al costo del Estado ecuatoriano. Cuenta con una reserva probada que bordea los 500 millones de barriles de crudo de 28 grados API —el de mayor calidad en territorio ecuatoriano cuyo promedio es de 22° API y más de 200 pozos perforados. Tiene una tasa de explotación promedio de 50.000 barriles diarios y es considerado el más productivo en el país, entre los campos de reservas probadas, las demás joyas de la corona, como Shushufindi, Libertador, Auca y Lago Agrio. Por sí solo representaba entre 26% y 29% de la producción diaria de Petroproducción, considerando las cifras de 2009 (Gráfico 1). En enero de 2010 tuvo una producción promedio de 50.578 bpd, un aporte de 18% en la producción nacional de crudo a esa fecha.

***Fin del recuadro 1***

¿Cómo se justifica la entrega de las operaciones de Sacha?

Para entregar la operación del campo petrolero más rentable de reservas probadas del país se creó la compañía de economía mixta Operaciones Río Napo, en la que Petroproducción participa con 70%, cuando antes de la existencia de esta empresa participaba con 100% y podía decidir todos los aspectos de la operación.

¿Qué razón podría haber para cambiar de modalidad, dar una tajada gratuita a Venezuela y renunciar al manejo como señor y dueño? Una pista podría estar en que la nueva compañía de economía mixta ya no tiene que hacer licitaciones para sus contrataciones. Ahora se puede disponer “a dedo” de contratos millonarios. Por ejemplo, la cláusula 14.1 señala que “la contratista contratará a su costo los seguros necesarios y suficientes para su personal y equipos que emplee…”. Ya se sabe que los seguros en los temas petroleros alcanzan montos altos. Cualquiera que sea la cifra, antes se requería licitación y ahora se hace con contratación directa, a la manera de las eternas emergencias que maneja este Gobierno para la contratación directa, sin mecanismos abiertos, competitivos y transparentes.

Pero hay otro problema: ¿se pueden hacer compañías de economía mixta entre empresas públicas? No. La Ley de Compañías en su Art. 308 establece que “el Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos del sector público, podrán participar, conjuntamente con el capital privado, en el capital y en la gestión social de esta compañía”. Queda claro que esta modalidad está prevista para compañías compuestas por capital público y privado, pero en Río Napo las dos empresas son públicas. Nueva ilegalidad, pues no está permitida en la ley. A pesar de ello, la Operadora Río Napo consta inscrita en la Superintendencia de Compañías con el RUC 1792163447001. ¿Cómo pudo inscribirse una compañía ilegal? Misterios de la revolución ciudadana.

Río Napo, la nueva operadora

La empresa de economía mixta Operaciones Río Napo se constituyó el 25 de agosto de 2008 con domicilio en Quito. Su plazo de duración es de 25 años, contados desde su inscripción en el Registro Mercantil. El capital social suscrito de la empresa es de $ 100.000, dividido en 100 acciones ordinarias y nominativas de $ 1.000 cada una, de las que la petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador tiene 70% y la petrolera estatal venezolana Pdvsa el restante 30%. El capital total autorizado es de $ 200.000 y el pagado de $ 25.000. El objeto social de la empresa es el desarrollo de las actividades en todas o cualquiera de las fases de la industria petrolera en el campo Sacha.

En declaraciones a la prensa, el presidente de Río Napo, Hugo Coronel, ha señalado: “El objetivo de la firma sería aumentar de 48.000 a 70.000 barriles por día, bpd, la producción del campo Sacha, en los próximos tres años, con transferencia de tecnología y reducción de costos y gastos de un 30%. El total de inversiones estimada para el proyecto asciende a $ 621 millones y los costos y gastos para la producción incremental a $ 905 millones. De estos montos, Pdvsa Ecuador S. A. aportará el 30%, lo que equivale a $ 458 millones durante la vigencia del contrato. El 65% de los desembolsos totales se realizarán en los primeros cinco años”.

En los anexos del contrato se dice: “se ha estimado que para el período 2009-2019 las inversiones serían del orden de $ 621 millones y los costos y gastos de operación de la producción incremental de alrededor de $ 1.016 millones”: en ninguna parte hay un compromiso o exigencia de inversión por dicho monto con su cronograma. En la tarifa por barril incremental consta un valor de las amortizaciones e inversiones por barril y por año, así como por costos y gastos. La cláusula 17 prevé que la inversión se hará por barril producido, lo que les permite justificar la inversión después de vendido el barril de petróleo salido de la explotación del campo.

El analista petrolero Fernando Villavicencio asegura que, según el flujo de caja, Río Napo va a manejar $ 3.200 millones en contratos y subcontratos, monto estimado del capital operativo de la empresa durante diez años. Petroecuador los manejaba con licitación y bajo supervisión de la Contraloría, pero ahora se manejan directamente por el mando de Río Napo. “Ellos están constituyendo empresas para llevarse los contratos de provisión de tubería, de manejo de pasivos, de personal, repuestos, transporte, etc.”, señala.

Los términos económicos del contrato inicial y del modificatorio

El costo de operación de la curva base para el contrato original fue de $ 7,81 por barril, calculado con una fórmula detallada en el documento.

Los especialistas petroleros consultados coinciden en que este costo excede en unos dos dólares por barril al valor real. En tal sentido, tras las discusiones en foros, en los espacios noticiosos e incluso demandas presentadas en la Fiscalía contra el contrato original firmado, el Gobierno hizo una modificación en el costo de operación de la curva base, a $ 5,41 por barril. El contrato modificado busca justificar la reducción por una baja sustancial en el personal que labora ahora en el campo Sacha.

Para la producción de cada barril incremental, el costo de operación baja también en $ 2,5 por barril (Cuadro 1), de $ 15,89 a $ 13,40 en el contrato modificado.

Cuadro 1

La tarifa de producción incremental se modifica fundamentalmente en costos y gastos

Años

2009

2010-2011

2012-2013

2014-2015

2016-2017

2018-2019 y medio

Amortización inversiones (contrato original)

5,57

5,57

5,57

5,57

5,57

5,57

Costos y gastos (contrato original)

8,11

8,11

8,11

8,11

8,11

8,11

Costos y gastos (contrato modificado)

5,71

5,71

5,71

5,71

5,71

5,71

Impuestos (contrato original)

1,21

1,28

1,35

1,42

1,48

1,55

Tasa por los servicios (contrato original)

1,00

2,88

2,79

3,00

2,51

1,72

Tasa por los servicios (contrato modificado)

0,91

2,87

2,80

2,81

2,39

1,73

TARIFA TOTAL CONTRATO ORIGINAL

15,89

17,84

17,82

18,10

17,67

16,95

TARIFA TOTAL CONTRATO MODIFICADO*

13,40

15,43

15,43

15,51

15,15

14,56

Diferencia

2,49

2,41

2,39

2,59

2,52

2,40

* Los valores que indica el contrato modificado son estos pero no suman con exactitud las cifras mostradas; su fuente es Petroproducción.
Observación: El contrato modificado baja $ 2,4 por barril en costos y gastos, también baja en servicios y mantiene lo demás igual que el original.
Fuente: Oficio Nº 123 PPR-VPR-NCT-2010 de Petroproducción, del 26 de enero de 2010.

Otra modificación fundamental fue la de la curva base. Los críticos plantearon que la curva base del contrato original estaba colocada en alrededor de 2.500 barriles diarios por debajo del valor real de producción del campo Sacha, lo cual se podía probar revisando los registros históricos de producción. De ahí que, en el contrato modificado, la curva base es más elevada que la del contrato original, con el cual se operó en noviembre y diciembre de 2009 (Gráfico 2). El contrato, en su cláusula 7, abre la posibilidad a la contratista de hacer cambios en la curva base, algo por demás inusual.

Los antecedentes del “negocio”

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010, en su objetivo 11.13, inciso 12, señala que para modernizar el sistema estatal de exploración, extracción, refinación y comercialización de petróleo se requiere “inversión en recuperación secundaria y terciaria de campos maduros en asociación con otras empresas”. Por ser estos campos los de mayor rentabilidad, los Gobiernos anteriores los preservaban para su explotación por la empresa estatal. Si este Gobierno consideraba que la explotación la podía hacer en alianza con capital privado, lo debía hacer por licitación, para garantizar las mejores ventajas para el país.

Lo que extraña es que, el 17 de abril de 2007, el ministro de Energía y Minas, economista Alberto Acosta, haya firmado el Acuerdo para la Instrumentación de la Cooperación Energética, entre los ministerios correspondientes de Venezuela y Ecuador. Tomando en cuenta consideraciones de amistad histórica, de la necesidad de integrar visiones en el campo energético, la búsqueda de la justicia social y los ideales político sociales comunes de las partes, asumen varios compromisos de cooperación y proyectos en materia energética, entre los cuales destaca el de “Optimización, manejo y producción de los campos maduros operados por la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador…”.

La gran interrogante es: ¿por qué la cooperación con Venezuela en campos maduros, cuando éste era el segmento más rentable que los distintos Gobiernos preservaron en 100% para el Ecuador? ¿Cuáles son las ventajas económicas para nuestro país si, en ninguna parte del contrato, se exige a Pdvsa capital fresco (por un monto definido y con calendario de desembolsos) ni tecnología de punta específica? ¿Por qué no asociarse en términos de equilibrio económico en contratos de exploración petrolera tan requerida y postergada por los últimos Gobiernos en el país?

Tal como se ha planteado el contrato parecería que “la revolución” implica entregar ventajas económicas al socio ideológico por ser tal, pues el contrato permite que, con la misma rentabilidad que sale del 30% de la participación accionaria (adquirida con 30% del capital pagado de $ 25.000), Pdvsa obtiene los recursos para invertir en mejorar la producción incremental de Sacha o, como lo dijo alguno de nuestros entrevistados: “del mismo cuero salen las correas”.

Éstos y otros términos inequitativos han sido seriamente criticados dentro del país, al punto que el ex ministro del área, Alberto Acosta, expresó el 22 de marzo en Ecuavisa, que no está de acuerdo con la entrega del campo Sacha: “Personalmente considero que los campos maduros de Petroecuador no se debieron entregar a Venezuela-Pdvsa ni a empresa alguna, porque los técnicos ecuatorianos están en capacidad de mejorar la capacidad de explotación de esos campos maduros…”. Una opinión sorprendente después de que él firmó el convenio que ha sido tomado como un documento de sustento legal de esta entrega, lo que algunas personas consideran peculado (ver entrevista a Fernando Villavicencio).

Contrato perjudica el interés económico ecuatoriano

¿Qué le debe el Ecuador al amigo país Venezuela, que le trata de pagar con los beneficios que consagra por escrito en el contrato con la Operadora Río Napo? Ésta es la pregunta obvia tras mirar las cláusulas tan dadivosas a Pdvsa en este contrato. En el cuadro 2 constan solo algunos excesos a favor de la contratista firmados por Petroproducción. La Contraloría y la Fiscalía deberían intervenir para evitar se perjudique al Estado con un instrumento de este tipo.


Cuadro 2

Concesiones excesivas a Río Napo en perjuicio del Estado

Excesos a favor de la contratista

Comentario

Cláusula 7. Cualquiera de las partes autorizarán y proveerán a costo de la otra parte, el uso o préstamo de toda clase de bienes o servicios.

Si hubiese una inversión de capital fresco, diferente de la que sale del propio campo, este inciso sería innecesario pues aquí las partes se comprometen a poner a costo proporcional los costos que se requieran.

Cláusula 7. Si durante el primer año la contratista llegara a detectar diferencias entre información proporcionada por Petroproducción sobre la curva base, con la operación efectiva realizada por la contratista, cualquiera de las partes podrá pedir ajustes a la curva base.

Si es así, ¿para qué establecieron una curva base?, ¿se trata de una curva base flotante? Esta cláusula únicamente busca beneficiar a Pdvsa. Es poco serio que una cláusula tan insólita aparezca en un contrato.

7.1.4. La contratista se obliga a recibir en comodato y mantener en buen estado todos los bienes y equipos entregados bajo inventario por Petroproducción de acuerdo al acta de entrega-recepción…

Si Petroproducción aporta con toda la infraestructura establecida por años en el campo Sacha, ¿por qué no hace valer este aporte en el activo de la Operadora Río Napo? Se trata de infraestructura levantada sobre 600 km2 (torres de perforación, oleoductos, generadores eléctricos, etc.), activos cuyo costo bordearía los $ 1.800 millones. Y se los entrega gratis (en comodato) a la operadora, para beneficiar a Pdvsa.

Pasivos ambientales: se detallan los compromisos a los que se compromete la contratista. Pero si no los cumple, no dice nada sobre su responsabilidad.

Si no hay sanción alguna para el incumplimiento de las obligaciones ambientales, se corre el riesgo de que el estado no tenga forma de exigir su cumplimiento y tendrá que emplear sus recursos para la remediación.

7.3.2. Entre los derechos de la contratista se establece que puede usar y tener acceso a toda la información geológica, geofísica, de perforación y reacondicionamiento de pozos, producción, ambiental y otra información de Petroproducción referente al área de actividad y áreas colindantes.

Si bien esta cláusula parece que busca facilitar la operación del campo a la contratista, le otorga gratis información que al estado ecuatoriano le ha costado muchísimo dinero levantar en años de estudios, en un sector estratégico para los negocios del estado a través de Petroproducción. Aquí hay perjuicio al Estado.

Cláusula 17. Por tratarse de un contrato de servicios específicos, la amortización de las inversiones se realizará por unidad de producción, considerando para el efecto únicamente la producción incremental y las reservas probadas remanentes, excluyendo las de la curva base.

Con esta cláusula se deja justificado que ni el contrato ni los anexos exijan a la contratista, Pdvsa con su 30% y Petroproducción con su 70%, realizar inversión de capital fresco. Esta cláusula permite que de la explotación del campo se extraiga una parte para justificar la inversión: “del mismo cuero salen las correas”. El contrato no trata de inversiones adicionales para incrementar la producción.

HABLAN LOS ESPECIALISTAS

La entrega de los campos maduros fue pactada con Venezuela”

Pie de foto: Doctor Augusto Tandazo, analista petrolero

En el Convenio de Cooperación Energética con Venezuela, que firmó Alberto Acosta el 17 de abril de 2007, como ministro de Minas y Petróleos de Ecuador, por una parte, y en el Plan de Desarrollo 2007-2010 preparado por Fander Falconí, secretario ejecutivo de Senplades, por otra, ya se pactó la entrega de los cinco campos maduros de Petroecuador a empresas extranjeras.

Esto demuestra que en la práctica hay un nacionalismo de doble moral, pues con el discurso de soberanía se entrega la joya de la corona a una empresa extranjera y los nacionalistas se pusieron la bandera venezolana. Con la firma de este convenio, el Ecuador prácticamente se enancó en Pdvsa para que ésta manejase toda la industria petrolera ecuatoriana: se le entrega el ITT y la Refinería de la Costa del Pacífico, nos comprometimos al suministro de gas licuado de petróleo y a la participación en la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas que finalmente fue un fracaso total, reconocido por el propio presidente Correa (Ver documento escaneado).

En el contrato de Sacha regalaron lo mejor sin preservar los intereses del país. Por esta misma razón, aunque Petroecuador invierte 70% de los costos para la exploración y explotación de Sacha, de una manera completamente irresponsable se dio la operación total del campo a Pdvsa, con lo cual toma todas las decisiones de desarrollo del campo. El contrato de 10 años con Pdvsa contempla una inversión de su parte de 30%, pero puede capitalizar e invertir de lo que rinde el campo. Requiere únicamente el capital semilla para iniciar el proyecto. En el fondo, lo que interesa a Pdvsa es operar por los beneficios de contratación que obtiene, pues se crea una zona de influencia económica, política y de diverso género para el operador, que le permite una serie de negocios con empresas vinculadas y venezolanas, sin licitaciones, donde quedan por fuera las empresas ecuatorianas.

Cuando se expuso al país la idea de que Pdvsa se haga cargo del campo Sacha, mediante el citado convenio, Venezuela ofreció al Ecuador que, en contraparte, opere el campo Ayacucho, aunque éste tiene un crudo de calidad muy inferior al de Sacha. El Gobierno promocionaba la supuesta “internacionalización” de Petroecuador, pero esto nunca se dio, pues, además de estar en fase de prospección dicho campo, también fue ofrecido a Chile, Argentina y otros países. En suma, la oferta nunca fue seria. El ministro Germánico Pinto argumentaba que no se ha entregado Sacha a Pdvsa y que se procederá en iguales términos en el campo venezolano Tibacum, de menor calidad y menor producción que Sacha, pero ni siquiera esto se dio.

Al frente de toda la operación, Pdvsa no solo recupera todos los costos de la producción hasta la línea base, sino también los de la producción incremental. Este costo por barril es superior, casi el doble, del valor al que extraía Petroecuador. No resulta conveniente para el Estado ecuatoriano si Pdvsa trabaja el mismo nivel de producción, pero con costos superiores y sin ser generadora de tecnología. Con esto, el Estado demuestra que no confía ni en la industria ni en los técnicos nacionales. Petroecuador solo requería los recursos de inversión para continuar explotando Sacha e incrementar la producción. Los costos de producción de Petroecuador en términos globales frente a las empresas privadas son menos de la mitad, incluso con toda la burocracia de la que se lo acusa.

***Fin entrevista Augusto Tandazo***

Hay peculado”

Pie de foto: Fernando Villavicencio, ex sindicalista petrolero y actual militante de Polo Democrático

El contrato con Pdvsa es un contrato de servicios específicos que no consta en la Ley de Hidrocarburos, utilizado por ejemplo para la adquisición de una bomba, un servicio de perforación, etc., pero no es un mecanismo jurídico para entregar campos en producción. Hay antecedentes desde el Gobierno de Rodrigo Borja cuando se entregó el campo Tivacuno a la compañía Maxus, bajo un contrato de obras, bienes y servicios específicos. Con esta misma figura en el Gobierno de Gustavo Noboa se entregaron cuatro campos a la chilena ENAP. En el Gobierno de Rafael Correa —en 2007— la Secretaría Nacional Anticorrupción emitió un informe de caducidad del contrato de Tivacuno, señalando que la modalidad de obras, bienes y servicios específicos es ilegal para la exploración y producción de crudo. Pero ahora la Marina defiende el contrato con Río Napo, alegando que antes ya se han otorgado campos en producción. Además, la constitución de esta empresa como una de economía mixta es ilegal, porque se hace entre empresas estatales, no hay participación de capital privado.

En lo económico, la información oficial de Petroecuador al año 2009 establece un promedio del costo de operación del campo Sacha en alrededor de $ 4,5 por barril (1993: $ 1 por barril). En el contrato original se infla deliberadamente el costo operativo a $ 7,81 por barril. Esta diferencia de más de $ 2 por barril, multiplicada por la producción de la curva base de más de 49.700 barriles, determina un incremento de casi $ 50 millones al año, que es lo que necesitan para invertir. Es decir, las inversiones van a salir del mismo contrato. Por el escándalo y la controversia que estos costos provocaron, se modificó el contrato reduciendo el costo promedio de operación a $ 5,14 por barril, confirmando así el peculado inmerso en el contrato.

Otra modificación al contrato original fue la curva base. El original presenta una curva base de más de 49.700 bpd, pero el día que Petroecuador entrega el campo a Río Napo la producción estaba en 51.600 bpd. Tuvieron que subir la curva base, pero ahora no pueden cumplir. Llevan cuatro meses y la producción está entre 48.000 bpd y 50.000 bpd. Si no llegan a la curva base y no tienen producción incremental en los próximos dos años, se les quita el campo. Con respecto a la producción incremental, Pdvsa y Río Napo han declarado públicamente que van a subir a 70.000 bpd, eso significa aumentar 20.000 bpd sobre los que están produciendo, pero eso no es cierto. Creo que no va a haber producción incremental en Sacha y, si la hay, será mínima. Lo que habrá es una reposición de la producción que va cayendo con otros pozos que se irán incorporando. Eso es mantener la producción; es decir, se hizo un contrato no para incrementar la producción, sino para mantenerla, lo que ha hecho Petroecuador durante más de 20 años. Pero a Pdvsa se le pagará $ 16 por el barril incremental en lugar de $ 5 de costo operativo, más 30% de las utilidades, a manos lavadas. Al respecto, como ciudadano, presenté una acción a la Fiscalía por peculado.

De 2007 a 2009, antes de entregar el campo, Petroecuador invirtió $ 234 millones en Sacha en inversiones de perforación de pozos, cambios de líneas de flujo, etc. Aun después de que ya se había firmado el convenio de cooperación estratégica, se les entregó el campo “tuneado”, en un acto deliberado de perjuicio al Estado ecuatoriano. Si ya en 2007 el presidente Correa anunció al país que iba a entregar Sacha a Pdvsa, ¿por qué Petroecuador hizo inversiones millonarias?

***Fin de la entrevista a Fernando Villavicencio***

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