Revolución, ¿qué revolución? (ARTICULO DE LA REVISTA GESTIÓN)

Posted on March 4, 2010

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Rafael Correa asumió la presidencia el 15 de enero de 2007, tras ganarla con 58% de votos válidos. Ese día ofreció conducir cinco revoluciones (constitucional; económica; en educación y salud; rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana, y lucha contra la corrupción) y terminó su alocución diciendo que “… el reino de Dios debe ser construido aquí, en la Tierra. Pidan por mí para que el Señor me dé un corazón grande para amar, pero también fuerte para luchar”.

Tres años después, el 16 de enero de 2010, Correa festejó por todo lo alto los primeros tres años de su “Revolución Ciudadana”. Recordó que el Bono de Vivienda pasó de $ 1.800 a $ 3.600 y luego a $ 5.000, y que el bono rural creció de $ 500 a $ 5.000. Destacó la construcción de 180.000 viviendas, “la mayor inversión jamás hecha, algo que ni todos los Gobiernos juntos, en toda la historia del país, han logrado”. También se refirió al Bono de Desarrollo Humano, que ha subido de $ 15 a $ 30, y anunció una nueva escalada, a $ 35, para 1’646.303 beneficiarios. “Eso es equidad, eso es revolución”, dijo. Además, destacó el incremento presupuestario para atender los servicios de salud, contratar más médicos, reparar, construir y equipar hospitales, así como 3.904 nuevas escuelas y cinco “escuelas del milenio”. “… Ahora la educación es gratuita…”, acotó, mientras lo ovacionaba la muchedumbre.

Según la magistral María Moliner, una revolución es una “alteración grave, extensa y duradera del orden público, encaminada a cambiar un régimen político” (Diccionario de Uso del Español, Madrid, Ed. Gredos, 1975, tomo 2, pág. 1.036). Este cambio requiere tres componentes: un sujeto del cambio, un conjunto de logros producidos por las acciones desplegadas por ese sujeto y una nueva organización política. Estos tres componentes serían causa y efecto en cada una de esas cinco revoluciones ofrecidas hace tres años. A continuación, se examina si esas premisas son ciertas.

El principal logro

El más evidente logro es, sin duda, la Constitución de Montecristi, aprobada en septiembre de 2008 con 64% de votos válidos. Los asambleístas de Alianza País propusieron una estructura estatal con cinco poderes, una amplísima gama de derechos (incluso la naturaleza se convierte en sujeto de derechos) y de garantías, una nueva organización territorial, cambiaron la noción de bienestar liberal por el “buen vivir”, plantearon nuevas pautas para las relaciones internacionales y una noción de supremacía constitucional que parece ir a contracorriente de la globalización.

La oposición trató en vano de bloquear la Asamblea. Las reformas constitucionales parecían incontenibles, salvo cuando el mismo presidente las desautorizaba, como ocurrió con el derecho al aborto o con la opción de revisar los símbolos patrios, frustrada incluso antes de ser discutida.

La Constitución de Montecristi estaba llamada a ser el referente programático de la acción del Gobierno iniciado el 10 de agosto de 2009, tanto como la nueva carta fundacional del Estado. Al menos así se entendió en la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo cuando presentó el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 (diciembre de 2009). Sin embargo, entre estos textos y la práctica real del poder existe una distancia que se acrecienta día a día.

La Constitución de Montecristi está formalmente vigente, aunque la inercia del régimen anterior (la larga noche neoliberal, como se la llama) disputa con ventaja su vigencia real. La crisis detonada por las simulaciones del Ejecutivo en torno a la Iniciativa Yasuní-ITT sacó a la luz, en toda su dimensión, profundas fisuras intestinas, magnificando episodios previos de disputa ideológica, de menor intensidad, como ocurrió con las legislaciones minera y de aguas. En estos eventos, representantes del viejo régimen incrustados en funciones clave del Gobierno lograron frenar hasta la parálisis esa “alteración grave, extensa y duradera”, para continuar con el extractivismo primario-exportador.

Correa proclama que su Gobierno es de izquierda, pero las acciones ejecutadas por sus cercanos favorecen a los grupos económicos tradicionales. Esta contradicción se ha acentuado en los últimos meses. Mientras con las otrora estigmatizadas cámaras de la producción se ha reunido por tres ocasiones, las conversaciones con los movimientos indígenas y trabajadores están bloqueadas. No es gratuito que las organizaciones indígenas ya hayan anunciado una protesta nacional.

En tres años, los 28 ministerios de Estado han visto desfilar 70 ministros y las 11 secretarías nacionales, 20 secretarios. Excepto el secretario general de la Administración Pública, el secretario jurídico de la Presidencia y los ministros de Salud y Educación, todos han sido “reciclados”, y varios de ellos decantados, por carecer de esa porteña obsecuencia corporativa imprescindible para calificar a alguien como “leal” al presidente.

Incluso a costa de esterilizar la acción pública, en Carondelet parece pesar más la fidelidad personal que el compromiso político. En septiembre de 2009, el ministro de Educación anunció que el Ecuador ya era una “patria alfabetizada”, pero hace poco el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC) informó que la tasa de analfabetismo es de 7,76%. La evaluación de los docentes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la relativa recuperación de la infraestructura escolar son adelantos mínimos que difícilmente alcanzan para calificar de revolucionaria la política educativa.

En materia de educación superior la apuesta del Gobierno es ambiciosa, pero el resultado final dependerá de la capacidad de resistencia de hombres de negocios, públicos y privados, que fungen de académicos. En plena era de la información, tres años no han sido suficientes para universalizar la cobertura educativa y menos para revisar el anticuado pensum escolar, retrasando las posibilidades de inclusión informática “de todos y todas”, y posponiendo la consolidación de una plataforma mínima de competitividad para la fuerza de trabajo.

Entre 2006 y 2008, el gasto de capital del Gobierno central se multiplicó por cuatro, y pasó a representar 8,2% del PIB, en especial para reconstruir y actualizar la red vial. Pero la estructura territorial de atención en salud no ha cambiado, se mantiene la inequidad regional, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) no ha modificado su regresiva atención en salud.

El Ecuador es un territorio de paz, según reza la Constitución de la República. Sin embargo, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos advierte que se emplea 2,9% del PIB en gasto militar. Solo Colombia y Chile con 4% y 3,4%, respectivamente, tienen un gasto superior en la región latinoamericana. Pese al discurso de izquierda y a las diatribas contra el capital financiero, entre 2008 y 2009, la deuda externa creció de 19,2% del PIB a 19,8% (según el Banco Central, 14,6% pero, ¿acaso alguien todavía cree en las cifras del Central?).

La terminación del convenio que entregó a una potencia extranjera la base de Manta, el cuestionado ingreso al ALBA, la activa oposición al régimen de facto de Honduras, la estéril relación comercial con Irán y la denuncia del convenio del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) alimentaron el discurso de izquierda, mientras la revolución económica mutó en un conjunto desarticulado de políticas desarrollistas claramente preferentes a grupos identificados con el Comité Empresarial Ecuatoriano. Al final de 2009, una crisis energética que pudo evitarse cuesta unos $ 20 millones diarios. Los ministros del ramo siguen ofreciendo cocinas de inducción, pero Coca Codo Sinclair ya lleva dos años de retraso.

En tres años es imposible cambiar un sistema productivo orientado al intercambio desigual a base de bienes primarios, consolidado durante décadas. Pero en la práctica nada se ha hecho para iniciar el cambio de rumbo. Menos imposible era comenzar la modificación de la estructura de propiedad y la concentración del ingreso de ese sistema productivo. Y, francamente, era muy posible convocar e incluir en las políticas públicas a nuevos actores micro, pequeños y medianos empresarios. El “desarrollo endógeno” en armonía con la naturaleza no ha pasado de ser otro más de los recursos de la retórica sabatina.

Dada la bajísima productividad de la economía ecuatoriana, las revisiones de salarios siguen siendo el motivo de pujas anuales. En 2010, como nunca, se quiso resolver este problema en contra del trabajo gracias a la “feliz” idea, orquestada por el Ministerio Coordinador de la Producción, de incluir en las mensualidades los “décimos”. Resulta casi cínico recordar que todo esto comenzó con la discusión de lo que debía ser el salario de la “dignidad”.

La revolución ética que se prometió en enero de 2007 sí que ha sido todo un fiasco. La corrupción campea y la vindicta pública guarda silencio o amaga agitarse para levantar polvo y acelerar el olvido. Hoy el Estado ecuatoriano tiene cinco funciones, pero la judicial sigue siendo la misma de antes. Pregúntese esto a los abogados del Filanbanco. En Deportes, evidencias de corrupción televisadas a todo el país no han servido de nada, y en Obras Públicas, Agricultura y Salud, indicios más que claros no pasan de escándalos mediáticos más o menos fugaces.

El círculo más íntimo de Carondelet sabe que lo mediático es crucial. En 2009 el Gobierno emitió 233 cadenas nacionales, es decir, una cada día y medio, pero no se pudo evitar el descenso de la credibilidad del presidente al tercio de la que tenía hace tres años. Los pelucones de todo calibre pueden estar tranquilos, esta “Revolución” no pasa de ser otro amago más, como los que terminaron el 5 de febrero de 1997, el 21 de enero de 2000 y el 20 de abril de 2005. Todo dependerá de cuánto haya en las arcas fiscales para cebar las clientelas.

Nota: Tomado de la revista Gestión. Este artículo no es de autoría de Carlos Vera